Amnistía Internacional da la voz de alerta por represión en Puerto RIco

NotiCel
Por: Ely Acevedo Denis

Acaso este no es el gobierno que critica a Hugo Chávez 

Preocupado ante las violaciones de derechos humanos en la Isla. Así se manifestó Osvaldo Burgos, presidente a nivel local de la Junta de Directores de Amnistía Internacional, durante la presentación del informe que evalúa dicho aspecto a nivel mundial.

En un diálogo con NotiCel, Burgos reconoció que Puerto Rico ha tenido a través de los años un sistema de represión, “que no es específico en esta administración”, pero que sí “se ha recrudecido”.

Las preocupaciones mayores que existen por el momento en términos de violaciones a los derechos humanos -muchas por las políticas públicas gubernamentales- son: la violencia institucional, el desmantelamiento de los Colegios –como el es caso del de Abogados-, el desplazamiento de las comunidades –como Villa del Sol-, la falta de participación democrática, los límites a la libertad de prensa, asociación y expresión, la falta de separación entre iglesia y estado, la falta de reconocimiento a la comunidad LGBT y a la población discriminada, los problemas de acceso a la información pública y la pena de muerte.

En el caso de la libertad de expresión, Burgos trajo a la discusión la represión a las protestas del pueblo, y señaló que es un intento para disuadir a la disidencia. Y fue más directo al poner sobre la mesa la llamada “Ley Tito Kayak”, en la que a su juicio va dirigida a una persona en específico por su forma distintiva de manifestarse. En esa misma línea, planteó, se encuentran las manifestaciones y las huelgas en la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El caso de la UPR también lo ató con la violencia institucional por parte de la Policía, mediante el uso excesivo de la fuerza.

En ese sentido, ante preguntas de NotiCel sobre el caso de abuso policíaco en la comunidad Villa Cañona en Loíza, el director ejecutivo de Amnistía, Pedro Santiago, dijo que otro grave problema que hay es la impunidad de resolver ciertas violaciones, como es este caso, y el de un estudiante que lo impactaron con una pistola “táser” en más de una ocasión, durante la huelga de la UPR.

Burgos explicó que todavía la Organización de la Naciones Unidas no ha rendido un informe sobre el caso de Villa Cañona, pese a que desde el 2008 le fueron entregadas varias evidencias –entre ellas el documental “El color de la Justicia”, http://youtu.be/bs4trwwtwtA - al relator Doudou Diene, durante su visita a la Isla. Burgos reconoce que el proceso a través de la ONU puede tardar años, pero que la gestión de la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión de Derechos Civiles puede ser más rápida.

También Burgos agregó que en el caso de fallas en la participación democrática está la modalidad de los procesos “Fast track”, tanto para aprobar legislaciones como para confirmar nominados por el Gobernador, como el más reciente caso de los jueces Luis Estrella Martínez y Roberto Feliberti Cintrón al Tribunal Supremo.

En el caso de la comunidad LGBT está el poder probar los crímenes de odio, donde enumeró que los retos están en la educación, la sensibilidad, los prejuicios y las fallas en el proceso de investigación, hechos que pueden tener su carga a la hora de manejar los casos. Observó que el problema no basta con la criminalización del acto, sino que tiene que haber un esfuerzo del Gobierno por limitar los discursos de odio.

Otro aspecto que existe en términos de derechos humanos es que en la Isla hay un alto grado de xenofobia contra la comunidad dominicana y malas condiciones de trabajo.

De otro lado, el capítulo local de Amnistía Internacional está en alerta de que no se consideren oficialmente ciertas acciones como violaciones de derecho, por más pequeñas que sean. Y que el pueblo se acostumbre a esa visión y no le de importancia a la violación de derechos humanos. En ese sentido, sostuvieron que debe haber una postura unánime para exigir dignidad y respeto.

"El Gobierno debe intensificar la educación, la promoción y la protección,y fomentar una conciencia colectiva de la importancia de la protección de todos sus ciudadanos, independientemente de su origen y condición”, dijo Burgos. Del mismo modo, que todos los gobiernos deben respetar la libertad de expresión y que no haya represión, que las voces sean escuchadas.

Actualmente la Isla carece de un cobijo nacional en relación a los derechos humanos, sólo prevalece la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Por otra parte, Burgos expresó que hay jurisdicciones más avanzadas reconociendo derechos humanos, logrando así que disminuyan las tensiones, como son varios en Europa, Argentina en Sudamérica, y los países Nórdicos como Holanda.

Mientras otras que hacen todo lo contario son Estados Unidos, Puerto Rico, Nicaragua, Polonia y Sur África. Para más información:

http://files.amnesty.org/air11/air_2011_full_es.pdf