
"Una investigación imparcial es crucial para descubrir la verdad sobre quién dirigió el operativo y determinar si la meta de las autoridades federales en Puerto Rico era arrestar o ejecutar al líder del movimiento de liberación, mejor conocido como Los Macheteros", señaló el Colegio en la solicitud.
Ojeda Ríos murió de un tiro durante de un operativo de agentes federales para su arresto el 23 de septiembre de 2005.
Los abogados Fermín Arraiza y Ricardo Alfonso aseguraron el jueves que su ponencia presentada al Consejo el 4 de junio "fue bien acogida en términos generales", y se mostraron confiados en que Estados Unidos permita que el relator Phillip Alston pueda visitar Puerto Rico para realizar su investigación.

La lista de testigos sugeridos incluye al gobernador Aníbal Acevedo Vilá, al superintendente de la Policía, Pedro Toledo; al secretario de Justicia, Roberto Sánchez Ramos, y al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Puerto Rico, Luis Fraticelli.
El portavoz del FBI en San Juan, Carlos Cases, dijo que esa agencia no haría comentarios sobre la gestión.
La presidenta del Colegio de Abogados, Celina Romany, enfatizó la importancia de que un organismo multilateral investigue la muerte de Ojeda Ríos ante las "contradicciones" sobre el caso. Reconoció que el informe del relator -si se permite su visita a la isla- deberá ser sometido a Estados Unidos para que reaccione antes de darse a la luz pública.
Arraíza recordó que Estados Unidos autorizó y a principios de este mes pudo visitar la isla Doudou Diène, el relator en formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas relacionadas de intolerancia de la ONU.

El informe de la OIG incluye el relato de un agente, identificado con el seudónimo de "Brian", quien confiesa que dio muerte a Ojeda Ríos y las circunstancias en que lo hizo.
El informe del Departamento de Justicia de Puerto Rico cuestiona el de la OIG y la versión que dio "Brian" de los hechos ocurridos antes de él disparar.
El FBI considera a Los Macheteros como una organización terrorista. Por su parte, el movimiento independentista ha acusado a Estados Unidos de persecución política durante décadas.
El Gobierno de Puerto Rico trató infructuosamente de que el FBI le proporcionara información y evidencia sobre lo ocurrido en el operativo federal e incluso demandó al Gobierno de Estados Unidos en reclamo de esos datos. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que decidió en contra del Gobierno de Puerto Rico.
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