El Nuevodia
Ponce – Fue una de las primeras llamadas que recibió el agente Felipe Casiano en el distrito de Guayanilla el 22 de abril de 2010. Era una ciudadana que desde horas de la mañana esperaba por la llegada de la Policía para que investigara un escalamiento en su casa.
Casiano envió un patrullero para atender la denuncia. Cuando recibió la confirmación de que había ocurrido un delito, pidió un número de querella.
Esa acción, aparentemente no fue bien vista por su entonces supervisor Walter Morciglio Sánchez, quien presuntamente le dijo al agente “que tenía una mala costumbre de pedir números de querellas y que eso lo estaba cansando”. Igual ocurrió cuando el asunto llegó a la atención de los tenientes Pedro Matos y Erick Rivera, dos de los supervisores del distrito en ese momento. “(Matos) dijo que eso iba a tener consecuencias”, afirmó Casiano.
Las represalias por permitir que una denuncia llegara a la estadística de la Policía no tardaron. Ese mismo día, el agente fue desarmado. “Y todo porque me negué a traquetear con las querellas”, dijo. Los tres supervisores implicados rehusaron ayer dar su versión.
Estos superiores, según el agente, lo declararon enfermo mental y lo enviaron a un sicólogo de la Policía. El especialista supuestamente dijo que “no se metería en problemas” y no contradijo a los oficiales del distrito, a pesar que no había encontrado ningún problema con la salud mental del agente. Sicólogos privados, posteriormente, reiteraron que Casiano no padecía enfermedad mental alguna. “Todo esto lo hacen para que los casos no lleguen a la estadística”, dijo.
Precisamente, una investigación de El Nuevo Día detectó recientemente un patrón de alteración de querellas que apunta a una manipulación de estadísticas, en situaciones como la que denuncia Casiano.
Intimidaron a otros agentes
Después del incidente con Casiano, “la amenaza en el cuartel era que si no amapuchaban las querellas iban a hacer lo mismo (a los demás agentes)”. A Casiano no lo rearmaron y lo pusieron a trabajar “en los asuntos sin importancia”. Eso, a pesar que en cinco años anteriores al incidente, su desempeño había sido reconocido por la Policía.
“Comenzaron a hostigarme, no me devolvían el arma y comencé a recibir amenazas”, dijo Casiano, quien denunció el caso a “asuntos internos” en la Policía, al superintendente José Figueroa Sancha, a La Fortaleza y al Senado. No obstante, señaló, ninguna de las gestiones rindió frutos.
Por el incidente, Casiano demandó a la Policía y a uno de los implicados. “Esto (la alteración de querellas) es un problema institucional en la Policía”, abundó, entretanto, su abogado, Armando Pietri.
Leovigildo Válzquez, superintendente auxiliar de Operaciones de Campo, señaló que aparentemente el caso siguió el procedimiento usual en la Policía. No obstante, dijo que buscará más detalles para saber qué pasó exactamente.
Ayer, Vázquez anunció un aumento en los delitos Tipo I entre el 27 de abril al 3 de mayo. Este anuncio coincide con la publicación de la investigación de este diario sobre la alteración de querellas. Los aumentos son en los renglones de delitos contra la persona y contra la propiedad. En este último renglón, el aumento fue de 110 casos. En lo que va del 2011, la Policía reporta una merma de 12.6%.
El reportero Javier Colón Dávila colaboró en esta historia.
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